El siguiente paso para la lucha feminista por los derechos sexuales y reproductivos será buscar la despenalización del aborto en el país y que los servicios de salud brinden la atención adecuada y sin estereotipos de género a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo.
Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo) .– El fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de las mujeres, al considerar inconstitucional la penalización del aborto, no tendrá un efecto inmediato en las causas penales que ya están abiertas en otros estados que no sean Coahuila, pero sí ha dado pauta a que las personas en esta situación presenten amparos bajo este criterio, los cuales tendrán que acatar los jueces.
Es decir, las mujeres y personas que actualmente se encuentran dentro de un proceso penal abierto o que estuvieran privadas de la libertad por el delito de aborto en alguna entidad federativa que no sea Coahuila pueden presentar un amparo para solicitar se apliquen los razonamientos que fueron vertidos por parte de los ministros, quienes el pasado martes determinaron la inconstitucionalidad de la penalización del aborto.
La decisión de la Corte impactó directamente al estado de Coahuila, pues su código penal es el que fue revisado, y sentó un antecedente al establecer un criterio obligatorio para todos los jueces y juezas del país que deberán de actuar en el mismo sentido cuando les lleguen casos similares. De hecho, a raíz de la determinación del máximo tribunal de justicia del país, el Gobierno coahuilense ha ordenado liberar a las mujeres encarceladas por abortar.
“Lo que hay que hacer de manera inmediata, es que las fiscalías generales deben de cerrar las carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto”, expresó Verónica Cruz, directora del Colectivo Las Libres, organización civil que ha dado acompañamiento a mujeres que han sido acusadas por delitos relacionados con el aborto.
No obstante, Cruz Sánchez alertó que la estigmatización sigue porque el delito continúa en los códigos penales “y eso implica que aún haya personas que sigan llamando o interponiendo denuncias por el delito de aborto”.
¿QUÉ SIGUE?
El siguiente paso para la lucha feminista por los derechos sexuales y reproductivos será buscar la despenalización del aborto en el país y que los servicios de salud brinden la atención adecuada y sin estereotipos de género a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo.
Melisa Ayala, coordinadora de litigio en Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), y Verónica Cruz Sánchez, directora del colectivo Las Libres, señalaron en entrevista con SinEmbargo que aún falta que la criminalización del aborto salga de los códigos penales en todos los estados y que vaya regulando el tema del aborto.
“Creemos que es un fallo histórico que nos acerca cada vez más a lograr desterrar (el aborto) del Código Penal de los estados, sin embargo, todavía tenemos trabajo que hacer”, comentó Cruz Sánchez.
“Si bien el derecho a decidir está consagrado en el artículo 4 de la Constitución, en muchas ocasiones los derechos se pueden quedar en el papel […] Lo que falta es que los congresos locales se pongan las pilas y saquen de sus códigos esos artículos que la Corte dijo que atentan contra el derecho constitucional”, dijo Melisa Ayala.
La coordinadora de litigio de GIRE explicó que en tanto no se despenalice el aborto en las demás entidades federativas, las mujeres podrán seguir siendo acusadas, la diferencia es que ahora con el fallo, cuando esos casos lleguen a los jueces éstos tienen la obligación de liberarlas por los razonamientos de la Corte.
“Estos razonamientos obligan a todos los jueces locales y federales. Si una mujer en otro estado se le quiere perseguir, la mujer podrá invocar estos razonamientos, pero también los jueces están obligados. Entonces si bien se va a poder seguir acusando a las mujeres y personas con capacidad de gestionar en otros estados, en el momento en que las pongan a disposición de un juez, éste tendría que liberarlas y no podrá seguir un proceso”.
Verónica Sánchez, de Las Libres, detalló que la Secretaría de Salud tendrá que trabajar en la capacitación o información a los prestadores de servicios de salir para que tengan presente que ya se declaró inconstitucional y que no tiene sentido ni que los médicos llamen al Ministerio Público, ni que el Ministerio Públicos habrá carpetas “porque eso no va a ir a ningún lado”.
Lo anterior, según comentó la activista, “porque la mayoría de las denuncias o las llamadas al Ministerio Público para que abran carpetas por el delito de aborto son desde los servicios públicos de salud cuando las mujeres llegan con abortos en evolución”.
“Por eso necesitamos que cada Congreso Estatal legisle la eliminación del delito de aborto para que la tentación (de denunciar) ya se acabe”.
El aborto está penalizado en la mayoría de los estados, a excepción de Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, donde se permite la interrupción del embarazo hasta la semana número 12.
De las 28 entidades federativas en las que se criminaliza el aborto en su totalidad, al menos 26 contemplan sanciones y penas privativas de libertad en relación con el delito de aborto en todas sus etapas. Tan solo tres entidades federativas no contemplan este tipo de penas: Chiapas, Michoacán y Veracruz.
En Chiapas se impone como medida alterna la atención integral educativa y de salud con perspectiva de género y en Michoacán se impone trabajo en favor de la comunidad, que puede ir desde seis meses hasta un año.
¿CUANTAS MUJERES HAY EN PRISIÓN POR ABORTAR?
No hay una cifra precisa o actualizada que dé cuenta con exactitud del número de mujeres que se encuentran en prisión por aborto. El Grupo de Información en Reproducción Elegida informó que, en diez años, de enero a 2010 a enero de 2010, al menos 173 personas fueron encarceladas por el delito de aborto.
La información fue obtenida por la organización a través de solicitudes de información, sin embargo, los datos obtenidos no fueron desagregados por género, explicaron activistas de GIRE.
De manera oficial, al corte del 31 de enero, en México había al menos 116 personas en prisiones por delitos de aborto, de las cuales 111 son hombres y cinco mujeres, según informó el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública vía transparencia través de la solicitud de información 2210300011221.
De acuerdo con los datos del SESNSP, con base al Registro Nacional de Información Penitenciaria, Jalisco es la entidad federativa con el mayor número de personas en prisión (33) y cuyos casos se les había imputado el delito de aborto; le seguía Veracruz, Ciudad de México y Puebla con nueve casos cada uno; Tamaulipas con seis; luego Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo y Oaxaca con cinco personas en cada estado.
Solicitud INAI 112 (08.03.21)Verónica Cruz del colectivo Las Libres precisó que no hay mujeres en la cárcel por haber abortado voluntariamente”, y que se trata de casos en que son personas que estan encarceladas por homicidios de mujeres que estaban embarazadas y tienen imputados varios delitos, entre ellos el aborto.
“En México no hay una sola mujer en la cárcel por el delito de aborto que ella haya gestado. Hay hombres y mujeres en la cárcel por el delito de aborto, pero no están en la cárcel solo por el delito de aborto. Sí hay gente en la cárcel, pero no son mujeres que abortaron, son hombres y mujeres que participaron en el asesinato de otras mujeres embarazadas y están en prisión por el delito más grave feminicidio) aunque tengan otros delitos agregados a su caso”.
Sin embargo, esto no quiere decir que mujeres no hayan sido encarceladas o procesadas al sufrir o abortar, pues en México hay al menos 200 mujeres que se encuentran en prisiones por motivos relacionados con el aborto, pero que se les imputaron otros para privarlas de su liberad, según el colectivo Las Libres.
Se trata de mujeres que tuvieron un aborto espontáneo, un parto prematuro o una emergencia obstétrica y que fueron acusadas, encarceladas y sentenciadas por homicidio en razón de parentesco, infanticidio, filicidio o por omisión de cuidados.
“Esas mujeres tienen que salir (de la cárcel). Nunca debieron haber estado porque ni siquiera quisieron abortar; pero consecuencia de sus condiciones de salud, pobreza, falta de información, de desmayarse y que se te venga el producto, están en la cárcel”, comentó Verónica Cruz.
Las activistas finalmente destacaron que, aun y cuando ya se declaró que es inconstitucional sancionar penalmente el aborto, la despenalización en cada estado es importante porque es necesario descriminalizarlo socialmente, es decir, que en el imaginario social la gente deje de juzgar a las mujeres que abortan.
“Socialmente se sigue asociando el aborto con un crimen, es decir, que el estigma social permanece. Entonces, es importantísimo que se deje de considerar el aborto como un crimen para que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar podamos acceder a este derecho. Un derecho no puede ser un delito”, señaló Melissa Ayala.
“Porque si sigue quedando el delito –que es inconstitucional –en un Código Penal siempre va a existir la tentación de que abran una carpeta de investigación contra una mujer o que los médicos sigan creyendo que tienen la obligación de llamar al Ministerio Público, eso se tendría que estar eliminando desde ayer”, dijo Verónica Cruz.
Y agregó: “Es importante despenalizar legalizar e instrumentalizar los servicios de salud públicos para que todas las mujeres las que siempre lo van a necesitar que son entre las más pobres las más marginadas las de escasos recursos de todo tipo”
Las expertas concluyeron en que es necesario que el movimiento feminista siga pugnando porque los representantes de los ciudadanos (diputados y diputadas) eliminen el aborto de los nuestros códigos penales.
“Es una invitación a los congresos locales para que ellas y ellos mismas hagan su trabajo no y saquen de sus textos los artículos que ya son flagrantemente inconstitucionales”, apuntó Melissa Ayala.
